Tras la jornada de Huelga General con un seguimiento masivo de la clase trabajadora, y en la que hemos evidenciado que un buen número de trabajadores y trabajadoras rechazan el sindicalismo que ha venido apoyando el pacto social y la cesión de derechos, el gobierno del Partido Popular ha aprobado en Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Y no dejan títere con cabeza para quienes sufrimos en nuestras carnes y necesidades sociales los efectos de esta crisis estructural. Así, mientras imponen el mayor recorte presupuestario llevado a cabo en las últimas décadas, sin parangón en ninguna economía europea, a quienes la están provocando les premian con la amnistía fiscal.
¿En qué nos afectan directamente los recortes presupuestarios a la clase trabajadora?
A quienes tenemos nómina, muy fáciles de controlar por el Estado, nos incrementan el porcentaje de contribución al “bien común”, por lo que en nuestra declaración del IRPF nos quitarán más.
Los salarios de la administración pública se congelan y nos suben un 7 % el recibo de la luz, y un 5% los recibos del gas. La subida se ejerce sobre una base salarial de una media de mil euros. Estés desempleada, cobrando una mini pensión, el subsidio o la prestación de desempleo, el salario mínimo interprofesional, o simplemente no cuentes con ingresos estos gastos serán iguales para todos y todas.
Es decir, los precios de los bienes de consumo básico continúan subiendo, y nuestra capacidad adquisitiva es cada vez menor.
Poco antes de la huelga general CCOO y UGT pactaban con la patronal un nuevo acuerdo de moderación salarial. CEOE, CCOO y UGT, establecen directrices para la negociación salarial en los tres próximos años, según las cuales la subida de sueldos no debería exceder del 0,5 % en 2012 y del 0,6 % en 2013 y 2014.
¿En qué nos afectan los recortes en materia de política social?
- Se elimina de un plumazo la dotación presupuestaria al Fondo de Integración de Inmigrantes.
- Se reduce en 530 millones de euros, excluyendo las becas, la dotación presupuestaria en materia de Educación.
- Se reduce en 1.557 millones de euros las Políticas Activas de Empleo.
- Se suprimen los 283 millones en la Ley de Dependencia destinados para convenios con las comunidades, un suplemento regulado por convenio entre el Gobierno central y las autonomías para compensar las especificidades de cada región (eliminan una de las tres vías de financiación establecidas por la Ley en su artº 10)
- Se incrementarán las tasas judiciales, aún por desarrollar, para recursos en segunda instancia. Aunque se respetará el principio de tutela judicial efectiva, siendo el indicador económico a tener en cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que en el año 2012 es de 532,51 euros.
Por lo tanto, acaban con las políticas activas de empleo, con programas destinados a un sector de la población, la inmigrante, que requiere un impulso específico para favorecer procesos de incorporación sociolaboral, liquidan la formación para la población desempleada, incrementan las desigualdades regionales en el desarrollo de la Ley de Dependencia, derecho subjetivo de la ciudadanía, dificultan la defensa de los derechos en el sistema judicial cuando incrementan las tasas y el indicador económico mensual es muy bajo, con lo que queda mucha gente que cobra algo más del IPREM pero sin capacidad para asumir los costes de segunda instancia y echan a la calle a trabajadores y trabajadoras en los sectores de educación, empleo, servicios sociales. Todo ello con consecuencias directas en la clase trabajadora en general y en las mujeres y población extranjera en particular.
Y con este panorama para la clase trabajadora del estado español, ¿qué medidas de ajuste establecen para las empresas? Amnistía fiscal; Hacienda dice que endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, pero con anterioridad permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10 por 100 del importe de los bienes y derechos aflorados. Los grandes delincuentes fiscales podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria sin ninguna otra consecuencia, incentivando el fraude fiscal.
A través de la reforma laboral se abarata el despido, y se aumentan las bonificaciones fiscales y subvenciones a las empresas, continuando con las políticas neoliberales que tanto PSOE como PP han venido practicando desde la Transición.
En la situación actual, con la Reforma Laboral y los ajustes presupuestarios pendientes del trámite parlamentario , la clase trabajadora cada vez es más pobre, la exclusión social avanza cada vez más rápido y, por el contrario la clase explotadora es cada vez más rica. Todo este empobrecimiento gracias a las políticas de los partidos mayoritarios.
Cinco millones de parados y paradas, y en previsible aumento con todas estas medidas: incremento de los despidos por la reforma laboral y los recortes presupuestarios, salarios con menor capacidad adquisitiva para asumir los gastos comunes para llegar a fin de mes, familias que soportan a muchos miembros en situación de desempleo sin ingreso alguno y servicios públicos que empeoran su asistencia en calidad y cantidad. Todas estas condiciones sociolaborales que nos están abocando a la clase trabajadora al aumento de la pobreza.
La CNT lleva mucho tiempo denunciando, reclamando y evidenciando esta situación de “crisis”. La Huelga General ha sido una herramienta más de lucha y aviso a los poderes políticos y económicos de que no nos vamos a callar, que no nos conformamos con los contínuos atropellos que estamos viviendo.
Ahora más que nunca la solidaridad y el apoyo mutuo son necesarios para continuar en los tajos y en la calle defendiendo nuestros derechos sociolaborales. Trabajador, trabajadora, ¡lucha por tus derechos!
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